Nuestros Webinars son actividades académicas centradas en temas especializados y facilitadas por expertos en el campo. Estas sesiones se transmiten en vivo a través de internet, lo que le permite participar y tener interacción directa con la audiencia a través de preguntas y comentarios en la plataforma utilizada. Al asistir al menos al 80% de la duración del webinar, tendrá derecho a recibir una constancia que certifica su participación. Cada webinar tiene una duración aproximada de dos horas, brindándole una oportunidad valiosa para sumergirse en el tema y profundizar su comprensión.
2023
La inteligencia artificial (IA): Impacto y gobernanza en instituciones de seguridad social.
La inteligencia artificial (IA) se entiende como el conjunto de herramientas tecnológicas que, a partir de la percepción de información de su entorno, realizan acciones simulando el comportamiento humano (Russell y Norving, 2020), y puede aportar beneficios potenciales a la gestión de las instituciones de seguridad social.
Por ejemplo, se han documentado los siguientes casos de aplicación:
a. Mejoras en la eficiencia operativa con la automatización de tareas rutinarias y repetitivas (Chew y Achananuparp, 2022).
b. Nuevas formas de interacción personalizada con las personas por medio de chatbots inteligentes (Aggarwal, et al., 2023; Parmar et al., 2022; Wilson y Marasoiu, 2022).
c. Recopilación e interpretación de grandes cantidades de datos que ayudan en la precisión de diagnósticos e intervenciones médicas (Ruiz y Velázquez, 2023; Xu et al., 2021).
d. Contribución a la toma de decisiones mediante algoritmos de aprendizaje automático que ayudan a predecir las pensiones por invalidez (Väänänen, 2021) o en la adjudicación de las prestaciones (Glaze et al., 2021).
De modo que, la ineludible incorporación de la IA a todos los ámbitos relacionados con la seguridad social, plantea importantes desafíos que deben discutirse sobre las condiciones mínimas en infraestructura, las competencias del talento humano y la legislación pertinente que oriente el uso adecuado de dichas herramientas tecnológicas.
Estos desafíos implican el desarrollo de marcos de gobernanza que generen la corresponsabilidad y coproducción de políticas, regulaciones y pautas éticas entre todos los actores involucrados (gobierno, empresas, expertos y sociedad civil) para garantizar la alineación de los sistemas de IA con el ejercicio pleno de los derechos (BID, 2020), con el bienestar, la equidad y la dignidad humana.
Se entiende como brecha de género; la medida que muestra la distancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador. En un esfuerzo grande por diversos actores políticos y sociales, en la región de América Latina y el Caribe durante las últimas décadas se han logrado cerrar las brechas de género como en salud (reducción de la mortalidad materna, disminución de la fertilidad adolescente), en educación y en política, por mencionar algunas. Sin subestimar los avances en el tema, es importante tener en cuenta que las brechas de género persisten, por ejemplo; en los mercados laborales las mujeres tienen una participación menor que los hombres, “de cada diez trabajadores de entre 25 y 54 años de edad en América Latina, sólo cuatro son mujeres” (Marchionni, et al, 2018), con una probabilidad mayor de ocuparse en empleos informales y con menor remuneración, situación que impacta a los Sistemas de Seguridad Social.
El enfoque sobre ambientes de trabajo seguros y saludables continúa cambiando casi a la par que las tendencias organizacionales de las empresas y, por tanto, sobre su activo más importante “el trabajador o la trabajadora” donde se comprende el impacto de la salud de los trabajadores en la economía de los países.
Los lugares de trabajo, son espacios importantes para la promoción de la salud con visión integral individual y colectiva que tiene un alcance, como todos sabemos, bio-psico social de las personas y, que traducido a la salud laboral se enfoca en la promoción de la prevención de los riesgos del trabajo participativa que va más allá del abordaje de los factores de riesgos laborales presentes en el lugar de trabajo impactando, inclusive aquellos extralaborales. Hoy en día observamos el auge de programas sobre estilos de vida saludable, así como aquellos que tienden a identificar además de los daños derivados de factores de riesgos de seguridad e higiene, los ergonómicos y psicosociales, con más propiedad por el enfoque de derecho que hoy tiene la seguridad y salud en el trabajo.
La OMS y la OIT en su último informe, estiman que diariamente 7,500 trabajadores mueren debido a condiciones de trabajo inseguras e insalubres, de los que 6,500 mueren por enfermedades profesionales y 1000 por accidentes de trabajo. En el mismo tenor, las cifras revelan que los factores de riesgo más asociados a las enfermedades profesionales son los riesgos biomecánicos, el material particulado, los gases y humos, el ruido y en aumento, los psicosociales.
A pesar de que muchos países, en especial aquellos que reconocieron a la COVID-19 como enfermedades profesionales para actividades laborales específicamente expuesta al factor de riesgo biológico mostraron un aumento significativo en los registros e indicadores de siniestralidad, el subregistro sigue siendo muy alto, en especial cuando no se tienen protocolos o guías para su reconocimiento y diagnóstico.
En la resolución de 2012 (A/RES/67/81) la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la importancia de que los sistemas nacionales de salud garanticen una cobertura universal, especialmente por medio de mecanismos de atención primaria a fin de que todos, y en particular los sectores más vulnerables de la población, tengan acceso a los servicios sanitarios (ONU, 2013).
La equidad en salud implica que, idealmente, cualquier persona debería tener una oportunidad justa de alcanzar su pleno potencial de salud y, de manera pragmática, que nadie debería encontrarse en desventaja para lograrlo (Whitehead, 1991). Desde esta perspectiva, la existencia de alguna enfermedad impide a las personas participar del principio de igualdad de oportunidades (Zúñiga-Fajuri, 2011), lo que hace indispensable que se reconozca la obligación social de reducir las barreras que limitan el acceso a un cuidado de su salud efectivo, oportuno y de calidad (Flamand y Moreno, 2014).
En las últimas décadas se ha reportado que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Tan sólo en México en 2022 hubo 226,703 personas fallecidas por esta causa con un incremento de 3.6% en relación al año de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta situación hace más necesario que nunca la investigación y divulgación de una atención integral con estrategias viables para reducir el impacto de estas enfermedades del corazón. En este sentido, el libro “A Todo Corazón, Código Infarto”, coordinado por la Dra. Gabriela Borrayo Sánchez, se compone de una variedad de capítulos escritos por personas expertas en la materia, que explican de forma detallada y actualizada una diversidad de temas complejos que van desde la prevención, pasando por el tratamiento hasta llegar a la rehabilitación. Este libro es parte del programa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llamado “Código Infarto”, el cual ha tenido un éxito constante desde el 2015 en todo el territorio mexicano. Dicho programa ha atendido a más de 30,000 personas afiliadas, en el que se ha reducido, de forma continua, la mortalidad de las enfermedades cardiovasculares a lo largo de los años.
El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), considerando la urgencia que reviste la actualización y el fortalecimiento de los modelos de gestión de los servicios de salud en el contexto de la seguridad social en los países Latinoamericanos y del Caribe, ofrece a la membrecía el Diplomado en Alta Dirección en Instituciones de Seguridad Social, considerando los factores económicos, sociales y ambientales en la postpandemia Covid-19; mismos que precisan ajustes en la Seguridad Social, tendientes al otorgamiento de servicios con calidad a los usuarios.
Durante el año 2022 y como respuesta a la alta demanda del Diplomado en comento; se desarrollaron 3 emisiones con mas de 300 participantes de las Américas y el Caribe, planeando estrategias para la correcta ejecución de la actividad académica.
Este libro establece una ruta para el diálogo social en la región americana. Aunque es aplicable a una amplia gama de escenarios, es de suma relevancia para las instituciones de la seguridad social. El libro describe los determinantes institucionales, políticos y culturales de un diálogo social exitoso. También brinda pistas para lograr una adecuada institucionalización del diálogo social. Y es que, independientemente de la forma que adopte, el diálogo social es la única forma para que se puedan implementar reformas a nuestros sistemas de seguridad social que sean verdaderamente inclusivas y representativas de los intereses de la sociedad civil.
Presentación del Estudio: “La transparencia del precio de medicamentos como mecanismo efectivo para contrarrestar la captura del Estado en políticas de sanidad”
Estudio “La transparencia del precio de medicamentos como mecanismo efectivo para contrarrestar la captura del Estado en políticas de sanidad” fue realizado en el marco de la Convocatoria de Investigación: “Pandemia de Covid 19, captura del Estado y los efectos en la desigualdad económica y climática en América Latina y Caribe” (CLACSO y OXFAM).
La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto prácticas que tradicionalmente han sido utilizadas en el mercado farmacéutico en productos protegidos por derechos de propiedad intelectual y secretos comerciales. Tradicionalmente la justificación que existe en relación con el elevado precio de los medicamentos se basa en la necesidad de proteger el derecho sobre las patentes y demás derechos de propiedad intelectual, con el propósito de incentivar la innovación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los beneficios obtenidos de la explotación de estos derechos no son los únicos incentivos para la innovación y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, ya que con mucha frecuencia los Estados realizan aportaciones directas de fondos públicos y/o aplican exenciones fiscales u otros beneficios tributarios a estas empresas que desarrollan, producen y comercializan estos medicamentos. Se calcula que, en sentido general, las grandes farmacéuticas se embolsan más de 1000 dólares por segundo por el negocio de las vacunas, cobrando a los gobiernos 24 veces más del costo de producción genérico (OXFAM, 2022). Sin embargo, lo cierto es que los beneficios reales nunca son evidenciados, así como tampoco los aportes ni los criterios que han sido adoptados para poder determinar el precio y cuánto de innovación realmente existe sobre conocimientos previos que son de dominio público.
Este año se celebra el 80 aniversario de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y a su vez, el 61 aniversario de la primera reunión de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos en el Trabajo (CAPRT). En este marco, el documento que se presenta nos ofrece un recuento histórico de las reuniones, acuerdos y logros de los últimos 61 años. Este periodo se encuentra marcado por esfuerzos importantes a favor del cuidado y prevención de riesgos laborales por parte de autoridades y organismos internacionales especializados en la materia. La construcción de una agenda de prevención de riesgos laborales en las Américas no sólo sirve como un recuento de dichos esfuerzos y desafíos durante estos 61 años, sino que establece un marco de trabajo, considerando los recientes logros y retos pendientes de trabajo a favor de la salud y seguridad de los trabajadores en América Latina y el Caribe.
Adaptación y respuesta de las instituciones de salud en México en la pandemia por COVID-19. Capacidades puestas a prueba ante escenarios cambiantes y complejos.
El virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad por coronavirus COVID-19, puso a prueba las capacidades institucionales de los sistemas de salud pública para dar respuesta y adaptarse ante el abrupto y complejo cambio en el entorno que significó la pandemia.
El caso del gobierno de México no fue la excepción, quien a través de las diversas instituciones que componen al sector salud, puso en marcha estrategias a fin de evitar la propagación del virus, incrementar la infraestructura hospitalaria, dotar del equipo y capacitación necesaria para el personal médico de primera línea, simplificar trámites y servicios administrativos para agilizar la atención médica a la población infectada y potencialmente más vulnerable, así como para implementar medidas de mitigación ante las profundas consecuencias económicas y sociales derivadas del confinamiento y las restricciones a la movilidad.
La pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, obligó a los gobiernos a adaptarse para enfrentar la crisis sanitaria, realizando ajustes de acuerdo al desarrollo de la misma. Los organismos internacionales así como las instituciones de Seguridad Social, siguen realizando esfuerzos para el control y mitigación de la enfermedad atendiendo a las recomendaciones declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que son: garantizar una detección temprana para reducir las tasas de transmisión, trabajar con todos los sectores a nivel gobierno para mantener los servicios básicos de salud, y los causados por el contagio de la enfermedad, así como la aplicación de las vacunas para disminuir el gasto de tratamientos a personas vulnerables, inmunodeprimidas e infectadas. Atender cada una de estas recomendaciones generó costos de manera directa, lo cual implica modificaciones sustanciales a los Sistemas de Salud y de Seguridad Social.
En general, la enfermedad de COVID-19, originó costos extras en lo económico y social pero en concreto en el sector salud, ejemplo de ello, es la reconversión de infraestructura hospitalaria imprevista para atender a la población contagiada. El bajo gasto público en salud, evidenció el rezago que existe en los sistemas de salud, lo que se traduce en una ineficiente atención primaria de salud y falta de sistemas eficaces de gestión de emergencias sanitarias. Mostrando que contar con un sistema financieramente sostenible en salud, pudo haberse traducido en reducir las tasas de mortandad.
Las buenas prácticas resultado de la implementación de los Expedientes Digitales; por ejemplo, el EDUS en Costa Rica, o sistemas de eSalud en algunos otros países de la región, han motivado a la Comisión Americana de Actuaría y Financiamiento (CAAF) para examinar que la información estadística que se recopila sirva para los intereses de la investigación actuarial, es por ello que se plantea alentar el diálogo en este tema.
Si bien es cierto que la tarea del actuario es evaluar los parámetros económicos, sociales, demográficos y financieros para someterlos al análisis y realizar proyecciones de solvencia financiera de los regímenes de Seguridad Social, esta diversidad de plataformas que sistematizan información, son en la actualidad beneficiosos en todos los campos de conocimiento para la Seguridad Social. Se trata de abrir la reflexión sobre la utilidad desde este ámbito, es parte de la búsqueda para seguir ampliando el conocimiento de los estudios actuariales. Este Webinar va dirigido a instituciones miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, investigadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y público en general.
La seguridad social se ha enarbolado como un derecho humano que hace frente a los riesgos sociales que se viven en las diferentes sociedades, dentro de su definición está el garantizar la seguridad en elementos tales como asegurar el acceso a la asistencia médica, proteger ante el desempleo, enfermedades por invalidez, accidentes laborales, maternidad, pérdida del sostén de la familia y garantizar la seguridad del ingreso principalmente en la vejez.
El disponer de bienes ya sea económicos o no económicos es un elemento de suma importancia para una calidad de vida en la vejez, para que puedan tener una vida digna y decorosa. Es esencial que la seguridad económica esté garantizada en todas las fases del curso de vida de las personas, pero en mayor medida en las personas adultas mayores, es por ello que se hace esencial que éstas tengan una autonomía económica que les permita tener los recursos suficientes para asegurar una buena calidad de vida.
Actualmente, el envejecimiento demográfico es un fenómeno que está presente en el mundo, en algunos países éste ha sido muy acelerado lo que ha implicado retos para los países que lo enfrentan, mientras que para otros este proceso ha permitido ir adaptando a las sociedades por ser un fenómeno que se ha vivido de manera paulatina. Este fenómeno diferenciado por la velocidad con la que se enfrenta en los diferentes países ha llevado a que existan sistemas de protección social para las personas adultas mayores, que ante la ausencia de un ingreso en dicha edad, pueden estar protegidas y garantizando una calidad de vida por la seguridad económica como prestación del derecho universal a la seguridad social.