En la resolución de 2012 (A/RES/67/81) la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció la importancia de que los sistemas nacionales de salud garanticen una cobertura universal, especialmente por medio de mecanismos de atención primaria a fin de que todos, y en particular los sectores más vulnerables de la población, tengan acceso a los servicios sanitarios (ONU, 2013).

La equidad en salud implica que, idealmente, cualquier persona debería tener una oportunidad justa de alcanzar su pleno potencial de salud y, de manera pragmática, que nadie debería encontrarse en desventaja para lograrlo (Whitehead, 1991). Desde esta perspectiva, la existencia de alguna enfermedad impide a las personas participar del principio de igualdad de oportunidades (Zúñiga-Fajuri, 2011), lo que hace indispensable que se reconozca la obligación social de reducir las barreras que limitan el acceso a un cuidado de su salud efectivo, oportuno y de calidad (Flamand y Moreno, 2014). En un entorno que se vuelve cada vez más complejo y cambiante por los patrones epidemiológicos y demográficos que experimenta la región (OPS, 2022), la reducción de las inequidades en salud representa un desafío preponderante para la gestión de los sistemas de salud de cualquier país, por lo que la prestación de dichos servicios requiere de al menos las siguientes condiciones: a) personal sanitario adecuado y competente que provea atención médica de proximidad y calidad centrada en la persona; b) modelos de gestión que apuesten e inviertan en la cobertura sanitaria universal (OMS, 2021) y c) la implementación de políticas públicas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar (OMS/OPS, 2014).