La pandemia del COVID-19 ha dañado el bienestar de la población en general del continente americano, pero está haciendo más estragos en los grupos vulnerables, como la población migrante irregular. En las Américas y el Caribe estos migrantes han estado padeciendo una crisis económica y de salud con más fuerza, colocando a la seguridad social de los países en un reto nunca antes experimentado. En específico, las desigualdades estructurales que afectan a los servicios públicos de salud en la región, provocan el aumento del riesgo para los migrantes, por lo que pueden adquirir el virus con mayor facilidad que otras poblaciones. Además, esta situación de riesgo a la salud potencializa la discriminación hacia esta población, provocando una situación de vulnerabilidad más feroz que antes. Asimismo, las estrategias gubernamentales de combate a la pandemia como el cierre de fronteras, las medidas de confinamiento doméstico y la suspensión de varias actividades económicas son difíciles de practicar en la población en situación migratoria. Estos retos ejercen presión a los sistemas de servicios de salud, lo que puede desencadenar, en ciertos lugares de la región, una espiral masiva de eventos desafortunados en la población migrante irregular.

En efecto, desde el comienzo de la pandemia en el 2020 todos los gobiernos de los países de la región han implementado estrategias de salud para la población migrante. Por ejemplo, Colombia garantizó el acceso a la salud a los migrantes, principalmente de los venezolanos. En México se quedaron varados muchos migrantes, los cuales fueron afectados por las medidas gubernamentales aplicadas para combatir la pandemia. Asimismo, en Estados Unidos realizaron deportaciones de migrantes irregulares portadores del virus, en el contexto de su política discriminatoria hacia los migrantes bajo el gobierno de Donald Trump. Así, las estrategias institucionales para el acceso a la salud de los migrantes están relacionadas con la intensidad epidémica de la pandemia y con el tipo de política migratoria en los países. Lo que ofrece un mosaico de características institucionales en el acceso a la salud, que varía entre los países de las Américas y del Caribe. En otras palabras, la política migratoria de los países afectó el grado de acceso a la salud de las personas en condición migrante irregular. Por eso es indispensable conocer este fenómeno en la región, a través del análisis sociológico, para proponer recomendaciones que puedan fortalecer el acceso a la salud para esta población. En específico, es primordial sensibilizar a las personas sobre este fenómeno internacional para que comprendan la difícil situación de las personas en condición migratoria irregular durante el 2020, el año que comenzó la pandemia por COVID-19.